El 1 y 2 de julio se llevó a cabo el Foro Nacional: Anticorrupción y justicia penal organizado por Documenta, Tojil y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, con el apoyo de PNUD y USAID.

El foro reunió a distintas personas expertas en el tema para debatir sobre el origen de la corrupción, los efectos que tiene en la sociedad mexicana y las posibles soluciones para eliminarla. Participaron representantes de la función pública nacional e internacional, legistas, periodistas, especialistas, integrantes de OSC y familiares de personas privadas de la libertad. De esta manera, se procuró cubrir la problemática desde cada uno de los nichos que la originan.

El principal argumento fue que la corrupción es una red. No está conformada solo de quien corrompe y de quien se deja corromper; sino que detrás de esta acción, existen mecanismos que facilitan que ambos actores tomen la decisión de buscar un camino fácil para cada una de sus propias necesidades. El problema es que cuando esto sucede dentro de instituciones de gobierno, no sólo se juega con el erario público, sino que se quebrantan los derechos de la ciudadanía en varios niveles.
James Cavallaro explicó que: “si se están robando dinero público, no puedes usar ese dinero para garantizar los derechos humanos básicos. Pero, además, cuando se trata de vender al Estado al crimen organizado, no es el tema de que falten esos recursos, sino que el resultado son decenas de personas masacradas, violadas, asesinadas.”

Aunque ya existe el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que fue creado para evitar y sancionar estas redes, en el foro se señaló que el sistema no prevé todos los espacios a los que se extiende la red de corrupción. Un ejemplo claro es el sistema de justicia y el sistema penitenciario, donde la corrupción es cosa de todos los días porque se ha vuelto la única manera de sobrevivir.

Además, en el panel moderado por Vania Pérez, Coordinadora de Integridad y Transparencia de PNUD, se evidenció que aún existe la importancia de ciudadanizar el SNA, y abrir espacios de participación cívica que fomenten el interés en estos temas, combatiendo la apatía que ha generado la impunidad en las últimas décadas.
Al final, las soluciones que se plantearon fueron: la transparencia de datos y justicia abierta, la transformación tecnológica de las dependencias del poder judicial, la simplificación de los procesos administrativos y la implementación de procesos metódicos, controlados y públicos para la elección, capacitación, evaluación y sanción de las personas de la función pública de todos los rangos.

En cada panel se recalcó que la corrupción la conformamos todos y que la problemática no se va a resolver si no cambiamos individualmente. En palabras de Salvador Camarena, Director de la Unidad de Periodismo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: “No va a haber un cambio en la sociedad mientras no hablemos de la corrupción en nuestro ámbito personal, todas las situaciones que toleramos porque decimos que así somos los mexicanos.”